El delegado regional de la Confederación General del Trabajo (CGT) Mercedes, Juan Martín Andrés, manifestó su absoluto rechazo ante la decisión del Gobierno nacional de subastar el predio local del programa Procrear, donde permanecen paralizadas e inconclusas un total de 141 viviendas destinadas a familias trabajadoras.
«Primero paralizaron las obras, abandonaron el programa y ahora quieren vender las tierras y las construcciones al mejor postor», denunció el dirigente gremial, exponiendo el perjuicio habitacional que la medida representa para el distrito.
El complejo habitacional mercedino, emplazado estratégicamente sobre el Acceso Manuel Sanmartín, cuenta con una superficie territorial de 17.714 metros cuadrados y registra un avance de obra estimado en un 50 por ciento.
El proyecto, que contempla tanto unidades multifamiliares como dúplex, será ofrecido públicamente al mercado con una base económica fijada por encima de los 4,2 millones de dólares. Desde la representación sindical advirtieron que la entrega de estos activos no es un hecho aislado, ya que el Estado nacional autorizó de manera simultánea la subasta de otras 149 viviendas en idénticas condiciones en la vecina ciudad de Junín.
Entre ambos municipios bonaerenses, los remates comprenden un acumulado de 290 soluciones habitacionales y más de 39.000 metros cuadrados de tierras del dominio público.
Andrés argumentó que el suelo afectado y las estructuras edilicias existentes fueron financiados integralmente mediante el esfuerzo y los recursos económicos de la sociedad. «No estamos hablando de un inmueble cualquiera. Esas viviendas fueron pensadas para que las familias pudieran acceder a la casa propia, no para convertirse en un negocio inmobiliario», fundamentó de manera taxativa, ligando el actual llamado a subasta con una política macroeconómica orientada al retiro del Estado de sus funciones básicas.
Esta dirección oficial, según puntualizó el titular de la CGT regional, engloba de manera sistemática la disolución formal del Procrear, el freno total de la obra pública a nivel federal y el cierre definitivo de sucursales del Banco Hipotecario. Al respecto, hizo hincapié en la clausura de la filial de la entidad bancaria en la vecina localidad de Luján, la cual resultaba operativa y fundamental para gestionar las solicitudes crediticias de la región.
Frente a un panorama caracterizado por la devaluación del poder adquisitivo de los salarios, el incremento sostenido del costo de los alquileres y la virtual exclusión de la clase trabajadora de las líneas de crédito convencionales, el referente de la central obrera instó a ensayar una respuesta mancomunada.
En el tramo final de su declaración institucional, Juan Martín Andrés convocó formalmente a las organizaciones gremiales, movimientos sociales, partidos políticos, centros de estudiantes, entidades vecinales y a la ciudadanía en general de Mercedes a coordinar acciones contra la privatización del predio. «No vamos a permitir que un proyecto habitacional construido con el esfuerzo de todos termine entregado al mejor postor. La vivienda es un derecho y tenemos que defenderla entre todos», concluyó.
