A través de una disposición emitida por la Secretaría de Actuación de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, el organismo oficializó el proceso de baja administrativa y posterior destrucción física de un volumen sustancial de fichas de afiliación en formato papel de diversas agrupaciones políticas bonaerenses.
La resolución, sustentada en un relevamiento técnico llevado a cabo en el depósito institucional de La Plata, determinó que la documentación presenta un deterioro irreversible por moho y humedad ambiente.
Según la norma, el material carece de valor legal o electoral operativo, ha cumplido su ciclo de guarda y su presencia constituía un foco infeccioso para el personal, contraviniendo las normas de higiene y seguridad laboral. A su vez, se precisó que las agrupaciones que mantienen su personería jurídico-política cuentan con sus registros digitalizados, en concordancia con el plan de modernización y «despapelización» de la administración pública.
Entre el extenso listado de fuerzas políticas detalladas en el anexo de la disposición figura el partido vecinalista Mercedes Independiente Comunal (MIC), respecto a sus fichas correspondientes al año 2013. Si bien la agrupación local figura como «activa» en el registro del organismo provincial, la documentación física guardada en la capital bonaerense será incinerada o destruida junto a la del resto de las fuerzas, para luego donar el material de rezago a la institución A.P.R.I.L.
Consultado sobre esta resolución de la Junta Electoral, el concejal mandato cumplido y referente histórico del vecinalismo mercedino, José Cestari, prefirió desmarcarse de la novedad administrativa. El exedil aseguró estar formalmente desafiliado de la agrupación, completamente alejado de la actividad política y sin vinculación ni conocimiento de la gestión actual sobre dichos legajos.
Previo a la destrucción física de la documentación, la nómina de las agrupaciones alcanzadas es publicada durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires para garantizar el debido proceso administrativo.
