En un contexto económico crítico, seis de cada diez hogares de la provincia de Buenos Aires debieron endeudarse durante el último año no para adquirir bienes durables ni por consumo recreativo, sino para cubrir necesidades básicas de subsistencia como comprar alimentos, pagar alquileres, saldar servicios públicos y afrontar gastos médicos.
De ese universo, el 73,5% aún no ha podido cancelar sus saldos pendientes, según revela el informe «Hablemos de deudas: desigualdades, informalidad y género», elaborado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, bajo la conducción de Guido Lorenzino.
Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires revela que el 56,6% de los hogares acudió a préstamos en el último año para financiar alimentos, medicamentos, servicios y alquileres. La asfixia financiera afecta en mayor medida a familias lideradas por mujeres y a hogares con tareas de cuidado a cargo.
El relevamiento, llevado adelante a través de 1.408 encuestas distribuidas en 97 municipios —con participación de sus 72 delegaciones territoriales—, expone una fuerte asfixia financiera: en el 40% de los hogares endeudados, el pago de cuotas absorbe más del 50% de las entradas de dinero mensuales.
Para el 84,1% de los consultados, esta dinámica no responde a un sobresalto temporal, sino que se arrastra de forma continua desde hace más de seis meses.
La radiografía del endeudamiento básico
El destino de los fondos evidencia el deterioro del poder adquisitivo en la población bonaerense:
- Alimentos: 56,9%
- Vivienda (alquileres / mantenimiento): 30%
- Servicios básicos (luz, gas, agua): 29,5%
- Salud y medicamentos: 28,5%
Ante el agotamiento del crédito en la banca formal o la imposibilidad de acceder a él, el 51,9% de los encuestados recurrió a circuitos informales o no bancarios (prestamistas, comercios de barrio o financiamiento no regulado), una vía que impone tasas de interés desproporcionadas y esquemas de devolución rígidos que agravan el espiral de deuda.
Brecha de género y la falla en la cuota alimentaria
El estudio pone de manifiesto que el impacto financiero recae con mayor gravedad sobre la economía de las mujeres. La necesidad de solicitar préstamos escala al 72% en familias nucleares con hijos a cargo de mujeres, y alcanza el 64,4% en hogares monomarentales. En este último grupo, el 82,1% mantiene deudas vigentes y casi un 60% dependió de prestamistas informales para financiarse.
La problemática se profundiza ante el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de los progenitores. Cruzando datos con el informe «Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires», el 44% de las mujeres encuestadas debe pedir dinero prestado para completar los ingresos mensuales destinados a la manutención de sus hijos.
Tareas de cuidado y secuelas en la salud mental
La carga de asistencia familiar es otro factor determinante: en hogares con niños, adolescentes o adultos mayores, el endeudamiento asciende al 82,6%, frente al 53,5% registrado en viviendas sin personas dependientes a cargo.
Esta constante presión económica trasciende lo financiero e impacta de lleno en la salud física y psicológica. El 75% de los hogares endeudados declaró sufrir consecuencias negativas en su vida cotidiana, traduciéndose en cuadros severos de estrés, angustia y deterioro general de la salud mental. Entre las estrategias extremas manifestadas por los vecinos para sostener el pago de cuotas se destacan la reducción de raciones de comida, la extensión de jornadas de trabajo y la suspensión de tratamientos médicos esenciales.
El documento fue articulado por la Dirección de Políticas de Igualdad, el área de Asuntos Económicos y Consumidores/as y la Dirección de Descentralización Territorial del organismo. Tras los hallazgos, la Defensoría recomendó al Estado fortalecer las políticas de cuidado, fomentar la inserción en el empleo formal, disponer esquemas de refinanciación de deudas para sectores vulnerables e instrumentar un marco regulatorio estricto sobre el mercado de crédito informal.
