Los organizadores de una fiesta clandestina, junto a los propietarios del campo en que se realizaba, deberán pagar 707.771 pesos (más intereses) de multa, de acuerdo a lo dispuesto por el Juzgado de Faltas Nº 2 de Mercedes, ratificado luego por el Juzgado Correccional Nº2 de este Departamento Judicial.
La sanción alcanza a Honorio Elizalde y a Belisario Perrone, identificados como responsables del lugar al momento de la intervención policial, en la madrugada del 31 de octubre de 2020, y a Gustavo Elizalde y María Rosa Villegas Arevalo como dueños del establecimiento “Los Tocones”, ubicado en calles 667 y 638.
El operativo del Comando de Prevención Rural en la fiesta, durante el que fueron identificados 138 asistentes, alcanzó gran repercusión pública por la participación en el evento de la “mediática” Lola Latorre, cuya breve aprehensión fue objeto de atención de las principales señales televisivas.
En su Resolución, Matías Maresca, Juez de Faltas, recordó que al momento de los hechos estaba vigente el Distanciamiento Obligatorio (DISPO), refrendado por disposiciones provinciales y municipales, que prohibía la realización de eventos con una concurrencia mayor a las 10 personas.
“Ninguna duda cabe que Honorio Elizalde y Belisario Perrone han organizado una fiesta de carácter privado, sin autorización municipal, en contexto de pandemia”, señaló el Juez y puntualizó que “menos caben dudas que Rosa Arevalo y Gustavo Elizalde son los propietarios del inmueble”.
El fallo, firmado el 31 de mayo de este año, afirma que “la conducta llevada a cabo por los imputados debe ser valorada negativamente” ya que “la autorización municipal exigida nunca podría haberse otorgado dado el contexto epidemiológico por el que atravesaba nuestra ciudad”.
“Este Juzgado no puede mostrarse ajeno al cuidado de la salud pública”.
“Únicamente se ha de juzgar la infracción a las normativas vigentes dictadas en nuestra ciudad, sin perjuicio de lo que se disponga en el fuero federal”, indicó Maresca pero advirtió que “este Juzgado no puede mostrarse ajeno al cuidado de la salud pública, siendo una obligación ineludible de la comuna el proveer la seguridad de la población”.
La multa de 870 módulos (707.771 pesos al momento del fallo) es la más importante sanción para este tipo de infracciones en Mercedes y fue apelada por los imputados a través de su representante legal, Ricardo Gerónimo Uncal.
Sin embargo, la apelación fue rechazada en agosto, lo que abrió la posibilidad para el Municipio del apremio judicial destinado al efectivo cobro de la multa, que se estaría presentando antes del inicio de la feria judicial de enero. Con los intereses, el monto final se acercaría al millón de pesos.
