- Romina Del Plá, diputada del FIT, no votó en contra de la ley que condena la tenencia de pornografía infantil, sino que se abstuvo.
- Nicolás Del Caño y Natalia González Seligra (FIT) sí se ausentaron durante la votación de esa norma, como señala el posteo.
- La ley a la que se opuso Victoria Donda restringe los beneficios procesales para los condenados por distintos delitos, entre ellos los de violación.
Ricardo Russo, jefe del Servicio de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan, fue detenido el último 29 de mayo, acusado de distribución y producción de imágenes de abusos sexuales infantiles. En ese marco, circula una publicación en Facebook que afirma que Romina Del Plá, diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), “votó en contra del proyecto de ley que plantea prisión para la tenencia de pornografía infantil”
. El posteo también afirma que Nicolás del Caño y Natalia González Seligra -ambos también legisladores nacionales del FIT- “se ausentaron al momento de la votación” y, finalmente, que Victoria Donda se opuso a un supuesto proyecto de ley “para la prisión efectiva para violadores”.
La publicación en Facebook que difundió estas versiones sobre los legisladores fue compartida 15 mil veces, según los datos del propio posteo. Además, recibió casi 1500 comentarios y más de 4 mil reacciones.
¿Qué pasó en los casos del FIT?
Lo cierto es que Del Plá no votó en contra, sino que se abstuvo (es decir, no manifestó opinión a favor o en contra). Fue la única diputada que decidió abstenerse de votar el proyecto de ley que incluyó penas de entre 3 y 6 años de cárcel a aquellos individuos que tengan imágenes donde se vean situaciones de abuso infantil y que se votó en marzo de 2018, según se indica en el registro de votación de la Cámara de Diputados de la Nación.
El motivo por el cual la legisladora no acompañó el proyecto, según explicó al diario Clarín en ese entonces, fue que “ningún problema social de estas características se ha resuelto por la vía del punitivismo”. En esa misma nota Del Plá afirmó: “No acompañamos la idea de que con el punitivismo alcanza, queremos saber qué medidas van a llevar adelante para lograr una intervención integral sobre el tema”.
En el registro de votación de la Cámara baja de esa sesión también se puede ver que, efectivamente, Del Caño y González Seligra se ausentaron en el momento de votar la norma. También estuvieron ausentes otros 41 diputados nacionales, entre los que se encontraban Daniel Filmus (Frente para la Victoria), Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Martín Lousteau (Evolución Radical).
El voto negativo de Donda
Luego, con respecto a Donda, el posteo se refiere al voto negativo que la legisladora emitió contra la Ley 27.375 en 2017. Esta norma es una modificación de otra sancionada a mediados de los ‘90 llamada Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y que regula, entre otras cosas, los beneficios a los que pueden acceder los presos (prisión domiciliaria, salidas transitorias, etcétera).
Mario Juliano, director de la Asociación Pensamiento Penal y juez penal de Necochea, explicó a Reverso que “no es una ley que esté vinculada particular y específicamente con la restricción de derechos para ofensores sexuales [N. de R.: violadores]”. Además, indicó que esta modificación legal busca la “restricción de derechos para determinadas categorías de delitos que no pueden acceder a salidas anticipadas”, entre ellos los delitos contra la integridad sexual, que incluye la violación.
Por lo tanto, Donda votó en contra de una ley que no sólo restringe la prisión domiciliaria o las salidas transitorias para los condenados por violación, sino también para los que cometieron otros delitos, como homicidio calificado, delitos de drogas (comercialización) y delitos aduaneros (contrabando), entre otros.
“Esta ley, junto con el resto de las reformas de los últimos años, es bastante contradictoria con el principio constitucional de resocialización de la pena. La resocialización naturalmente supone que todas las personas tienen derecho de poder acceder a libertades anticipadas, salvo que existan informes realmente serios que desaconsejen este tipo de salidas”, concluyó Juliano.
La diputada nacional aclaró en su cuenta de Twitter en diciembre de 2018 que la ley no era “contra los violadores” ya que definía cómo debían ser los beneficios a los que pueden acceder los presos según el tipo de condena. En línea con la posición de Donda, la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos -organismo que se dedica a intervenir en causas en las que se vulneran derechos humanos- publicó un comunicado criticando el proyecto de ley aprobado.
En su exposición en el Congreso, la diputada afirmó que presentaría un proyecto alternativo que se ocupe de restringir los beneficios que tienen las personas condenadas por violación en particular, pero no para los que hayan cometido otros delitos “menos graves”. Sin embargo, en el recinto no se discutió ningún otro proyecto alternativo en las sesiones de 2018, ni tampoco en las que van de 2019, según el registro de la Cámara de Diputados de la Nación.
Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.
Autores
IMANOL SUBIELA SALVO
ROSARIO MARINA
Editores
LAURA ZOMMER
ANELLA RETA
