Desde la Agrupación Boinas Blancas de la UCR, el ingeniero agrónomo Fernando Lapolla, ex subsecretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, presentó un Proyecto de control y monitoreo de residuos de agroquímicos en frutas y verduras.
“Todos los productos agroquímicos y veterinarios aplicados, tanto en animales como en frutas y verduras, dejan residuos en el organismo”, señala Lapolla y pide “respetar los periodos de carencia”: “Si se le pone un fungicida a un durazno, por ejemplo, deben pasar varios días hasta que ese fruto se puede consumir, por eso se debe aplicar cuando este está verde”, agrega e indica que su idea es “generar conciencia” entre los productores y “no recriminar”. “Muchas veces estos temas no se conocen”, dice.
En el proyecto se señala que la seguridad alimentaria se ha convertido en una cuestión de Estado y la producción agrícola está bajo la lupa. “En este escenario, los eslabones que integran la cadena de producción agroalimentaria se esfuerzan para garantizar la inocuidad de los alimentos que llegan al consumidor. Sucede que la seguridad alimentaria requiere que los alimentos estén libres de residuos agroquímicos, o con los límites tolerables”, se indica.
“Si bien la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (Ocde) asegura que los agroquímicos son necesarios para aumentar la producción de alimentos, también señala que los riesgos de su uso deben ser minimizados. En las últimas décadas, las cosechas han experimentado un considerable incremento y ello ha sido posible, en gran parte, debido al éxito obtenido en la lucha contra las plagas. Desde esta perspectiva es innegable el rol de los plaguicidas, sin embargo la aplicación intensiva de estas sustancias, puede provocar daños a la salud y al medio ambiente”, se agrega y se sostiene que la cantidad de residuos remanentes en los alimentos, y en el ambiente en general, tendrán una relación directa no sólo con la naturaleza química del plaguicida en cuestión, sino en gran medida, con el uso que se les dé a estas sustancias. “Así, un número alto de aplicaciones, el empleo de dosis mayores a las recomendadas o la utilización fuera de los períodos que corresponde, son algunas de las malas prácticas agrícolas que contribuyen a aumentar las probabilidades de encontrar residuos de plaguicidas en cantidades tales que podrían, eventualmente, representar un peligro para la salud de los consumidores”.
“La idea es que el Estado Municipal se haga cargo del control de frutas y verduras que ingresan a las verdulerías y también evitar que los productores se enfermen y se respeten los periodos de carencia entre que se aplica el químico en el fruto y se consume”, resume Lapolla
Lapolla plantea que la falta de información e internalización de los riesgos asociados al uso inadecuado de plaguicidas, sumado a la falta de aplicación de las normas de prevención han generado daños en el medio ambiente como en la salud de los seres humanos. “En este contexto, la aplicación de las buenas prácticas agrícolas (BPA), el establecimiento de límites máximos de residuos, así como el tratamiento que reciba el alimento en cuestión antes de ser consumido, toman vital importancia para garantizar la seguridad e inocuidad alimentaria”. Y que es de público conocimiento que a la mayoría de los alimentos de origen vegetal se les aplican productos fitosanitarios para prevenir a los cultivos de plagas y enfermedades. “Restos de dichos pesticidas pueden permanecer en los alimentos que se compran cotidianamente en un mercado o verdulería. Lo que desconocemos es cuáles son esos pesticidas y en qué niveles se encuentran esos restos en los alimentos que consumimos”, sostiene y remarca que la ingesta de alimentos con residuos de agroquímicos se ha relacionado con el origen de diversas patologías, respetar sus dosis y el período de carencia (tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del producto y el consumo del fruto) es fundamental para el cuidado de la salud de los consumidores. “La utilización incorrecta de agroquímicos no solo contamina la cosecha, el medio ambiente sino que también es perjudicial para la persona que los manipula y aplica”, afirma.
“La idea es que el Estado Municipal se haga cargo del control de frutas y verduras que ingresan a las verdulerías y también evitar que los productores se enfermen y se respeten los periodos de carencia entre que se aplica el químico en el fruto y se consume”, resume Lapolla, entrevistado por NOTICIAS MERCEDINAS.
En el mundo se utilizan más de 1000 plaguicidas para evitar que las plagas estropeen o destruyan los alimentos. Cada plaguicida tiene propiedades y efectos toxicológicos distintos. La toxicidad de un plaguicida depende de su función y de otros factores. Por ejemplo, los insecticidas suelen ser más tóxicos para el ser humano que los herbicidas. Además, el mismo producto puede causar efectos distintos en función de la dosis aplicada, es decir, la cantidad a la que está expuesta la persona. Otro factor importante es la vía por la que se produce la exposición, ya sea la ingestión, la inhalación o el contacto directo con la piel.
“Todos los productos agroquímicos y veterinarios aplicados, tanto en animales como en frutas y verduras, dejan residuos en el organismo”, señala Lapolla y pide “respetar los periodos de carencia”
Debido a que los agroquímicos son intrínsecamente tóxicos su producción, distribución y utilización debe regirse por controles y reglamentaciones estrictas. Además, es necesario hacer un seguimiento regular de sus residuos en los alimentos y en las personas que los manipulan y aplican.
A partir del año 2011 (por Resolución SENASA número 637/11) se delega en los municipios el monitoreo de residuos de plaguicidas y contaminantes biológicos en frutas y verduras.
La idea de este proyecto pasa entonces por conformar un equipo de trabajo multisectorial que incluya a organismos nacionales, provinciales y municipales tales como: SENASA, INTA, Secretaría de salud, Dirección de Bromatología, Producción, universidades entre otros.
Además, asesorar a los productores en la manipulación, aplicación y disposición final de envases de productos agronómicos. También evaluar la calidad de los productos agrícolas y estipular la concentración residual de fitosanitarios. Y controlar a los establecimientos productores de alimentos el uso adecuado de agroquímicos (dosis, productos habilitados y tiempos de carencia). A la vez, crear un sello BPA (buenas prácticas agrícolas) local.
Las propuestas de acción, según detalla Lapolla, pasan por la determinación de un protocolo local que incluya las Buenas Prácticas Agrícolas; la capacitación a productores y trabajadores agropecuarios por parte del equipo multisectorial; las visitas del equipo de trabajo a establecimientos agropecuarios para control de la correcta aplicación del protocolo; y la toma de muestras, tanto en establecimientos productores de frutas y verduras como en locales de venta de los mismos, para la realización de análisis de residuos agronómicos.
