La diputada nacional mercedina Vanesa Siley (Unión por la Patria) manifestó su rotundo rechazo al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional que busca aprobar acuerdos de pago con fondos buitre por un total de 171 millones de dólares.
Durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia de la Cámara de Baja, la legisladora criticó con dureza las prioridades financieras de la gestión de Javier Milei, contrastando la asignación de recursos para litigios externos con la situación socioeconómica interna.
«Plata para los fondos buitre hay. Para las universidades, los jubilados y las personas con discapacidad no», sentenció Siley a través de sus canales oficiales de comunicación, donde denunció que la iniciativa oficial «sigue endeudando a la Argentina». Según detalló la representante parlamentaria, el proyecto contempla desembolsos por USD 67 millones para el fondo Bainbridge y por USD 104 millones para el grupo Attestor, firmas que adquirieron bonos vinculados al default de 2001 para litigar contra el Estado argentino.
«Plata para los fondos buitre hay. Para las universidades, los jubilados y las personas con discapacidad no»
Durante el debate de comisión, el bloque opositor planteó una serie de pedidos de informes técnicos que, de acuerdo a lo expresado por Siley, no obtuvieron respuestas sólidas por parte de los funcionarios del Ejecutivo. Entre los principales interrogantes económicos y jurídicos que quedaron sin resolver, la diputada enumeró la falta de precisión sobre el precio original de adquisición de los títulos por parte de los fondos, el costo fiscal exacto, el impacto en las reservas de divisas y el origen presupuestario específico de los fondos que se utilizarán para afrontar el pago.
Asimismo, la legisladora mercedina advirtió sobre el «precedente institucional» que este acuerdo podría sentar para futuras negociaciones de deuda soberana. Cuestionó los fundamentos jurídicos referidos a la prórroga de jurisdicción exterior y el aparente incumplimiento de los principios de Naciones Unidas diseñados para proteger a los Estados frente a los ataques especulativos. Siley recordó que en 2016 se había anunciado el fin de estos litigios, por lo que exigió conocer cuántos reclamos de holdouts continúan abiertos en tribunales internacionales.
En términos políticos y económicos, la diputada subrayó que el problema central radica en que más del 93% de los acreedores originales aceptaron quitas significativas en las reestructuraciones de los años 2005 y 2010, permitiendo un proceso de desendeudamiento. «Este acuerdo puede terminar premiando a fondos buitre que eligieron litigar contra el país en lugar de aceptar las condiciones propuestas por la Argentina», argumentó.
Finalmente, Siley confirmó que, ante las dudas estructurales del proyecto y el desacuerdo con el rumbo económico planteado, el bloque de Unión por la Patria formalizó la presentación de un dictamen de rechazo en la comisión conjunta.
