.La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Sabrina Selva (Unión por la Patria), manifestó su preocupación respecto a la capacidad del Estado argentino para dar cumplimiento efectivo al Acuerdo de Basilea, que regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos
Durante una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, la legisladora subrayó que la protección de la salud y el entorno ambiental debe verse reflejada en el presupuesto nacional y no limitarse a un gesto diplomático.
En su intervención, Selva celebró la relevancia del tratado internacional, pero fue tajante al señalar que la implementación de estas políticas corre peligro debido al actual rumbo económico del país.
«Defender la salud y el ambiente no puede ser solo una foto para cumplir con compromisos internacionales», afirmó la diputada.
El eje central de la crítica de la legisladora radica en el rol del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo que funciona como el brazo ejecutor de este convenio en el país. Según Selva, la gestión del presidente Javier Milei está llevando a cabo un «vaciamiento» de dicha institución, sumado a un desfinanciamiento generalizado del Sistema Nacional Científico y Tecnológico.
«Para cumplir con compromisos internacionales como este hace falta un Estado que invierta y no que destruya lo que antes fue un orgullo para la Argentina y frente al mundo», sentenció.
Contexto y desafíos
El Acuerdo de Basilea es el tratado global más exhaustivo sobre desechos peligrosos y otros residuos. Su cumplimiento requiere de una infraestructura técnica sólida para la fiscalización, el control químico y la logística de seguridad. La advertencia de Selva pone el foco en la tensión presupuestaria: mientras Argentina ratifica tratados de protección ambiental ante la comunidad internacional, la reducción de partidas destinadas a ciencia y técnica debilita la capacidad operativa del Estado para ejecutar dichos controles.
La postura de la diputada mercedina se alinea con la resistencia de diversos sectores científicos que denuncian una parálisis en la inversión pública, lo cual, según advierten, podría derivar en un incumplimiento de estándares internacionales y un riesgo latente para la salud pública.
