Vilma Rodríguez está en un conflicto legal con una obra social que se rehúsa a sumarla como afiliada y brindarle tratamiento por su obesidad. Según la ley 26.396 de trastornos alimentarios, estas instituciones deben aceptar cualquier nuevo socio con este padecimiento y cubrir el tratamiento requerido, enfatizando que de no hacerlo incurrirían en un acto de discriminación.
La paciente fue sometida a una cirugía bariátrica para controlar su peso, pero este volvió a aumentar un tiempo después de la intervención. Tras esto, concluyó que su cuadro requería un tratamiento de internación para recibir una atención integral y multidisciplinaria.
Al intentar asociarse a una obra social, vio cómo su solicitud fue rechazada. Este accionar está penado por la ley 23.592 contra actos discriminatorios, la cual admite demandar a estas organizaciones por daños y perjuicios cuando actúen de esta forma.
Ante esto, contactó al estudio jurídico Pérez Argüelles, www.perezarguelles.com.ar, abocados a éstos temas, para comenzar un litigio. Según ellos, Rodríguez cuenta con varios fallos y leyes que le dan la razón en esta disputa.
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