La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza la decisión de hacer efectivo el desalojo y la violenta represión realizada esta madrugada por la Policía Bonaerense en el predio de Guernica y solicita al Estado medidas urgentes para contener la extrema situación de vulnerabilidad en que se encuentran las más de 1400 familias víctimas que desde hoy ya no tienen dónde vivir.
Esta mañana la CPM se hizo presente en el lugar junto a otros organismos de derechos humanos, la Gremial de Abogados, HIJOS La Matanza, APDH de La Matanza, el SERPAJ y el CeProDH, para repudiar la decisión del desalojo y acompañar a las familias afectadas.
«El conflicto originado en el mes de julio de este año en Guernica es la expresión más dolorosa de la profunda desigualdad que nos atraviesa como sociedad, que arroja a sectores cada vez más amplios de nuestro pueblo a la marginalidad, la precariedad y un estado de vulneración de sus derechos elementales. La pandemia ocasionada por el COVID19 empeoró aún más esta situación provocando un aumento de la pobreza y un deterioro de las condiciones de vida», expresaron desde la CPM.
«En este contexto, el déficit habitacional aparece como un emergente fundamental de la crisis. El derecho a la vivienda digna se convierte en un reclamo social urgente, desesperado y extendido en el territorio, que debe ser entendido y atendido por el Estado desde una perspectiva de pleno respeto por los derechos humanos. Contrariamente a la mirada que intentan imponer diariamente los grandes medios de comunicación, las familias que se encontraban viviendo en el predio de Guernica son las víctimas del neoliberalismo y de un estado que no ha garantizado sus derechos básicos, como el acceso a la tierra y una vivienda digna. Sobre el reconocimiento de esta condición, el despliegue violento de un operativo represivo para desalojar el predio sólo contribuye a profundizar su estado de vulnerabilidad, condenándoles a vivir en una peor situación», sostuvieron.
«En este sentido, resulta inadmisible que la respuesta del Estado sea el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio y el uso de la violencia física y la coerción, sobre todo cuando había instancias de diálogo y negociación abiertas. Las fuerzas de seguridad no cumplieron con el protocolo vigente y establecido por la Suprema Corte de Justicia para los desalojos: el acto se inició en la madrugada, luego de cortar la luz de todo el predio y disparando gases lacrimógenos y balas con postas de goma. Las familias debieron escapar en la oscuridad completa, sin poder llevar sus pertenencias. Muchas casillas fueron prendidas fuego por agentes policiales. La mayoría de los detenidos presenta lesiones provocadas en el momento de su detención», agregaron.
«La represión desplegada es también una respuesta violenta frente al derecho de demanda y protesta. No se puede desconocer que los procesos de toma de tierras tienen una larga historia en Argentina. Durante la última dictadura militar constituyeron una acción de organización popular y resistencia frente al terrorismo de estado. En este sentido, los desalojos violentos remiten directamente a nuestro pasado reciente donde la erradicación de villas constituyó una parte central del aparato represivo anclado en la estigmatización de la pobreza. La imagen de las topadoras que se vieron hoy arrasando las casillas precarias, es una escena que no queremos volver a ver. Lamentablemente las condiciones que dieron origen a la toma de tierras en Guernica no son excepcionales. Se extienden cada vez más por todo el territorio bonaerense», objetaron.
Frente a esta grave crisis estructural desde la Comisión Provincial por la Memoria solicitan al Estado provincial encontrar un modo de resolución de la conflictividad social que reconozca las condiciones estructurales en que se asienta. «La comprensión, el diálogo, la mediación y el respeto de los derechos humanos de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad debe ser la directriz que oriente sin atajos la política de gobierno. Y también de la Justicia, que debe actuar protegiendo a los débiles frente a los poderosos», dijeron.
«Las imágenes que el fiscal Condomí Alcorta difundió en las redes durante el desalojo, da cuenta de la indolencia y banalización sobre el padecimiento de los más vulnerados, de parte de un sistema judicial injusto», indicaron.
«Los derechos humanos son la base y el horizonte de la democracia, y son innegociables», sostuvieron.
La CPM está integrada por: Adolfo Pérez Esquivel (presidente), Dora Barrancos (presidenta), Susana Méndez (vicepresidenta), Víctor De Gennaro (vicepresidente), Roberto Cipriano García (secretario), José María di Paola (pro-secretario), Ernesto Alonso (tesorero), Víctor Mendibil, Ana Barletta, María Sonderéguer, Nora Cortiñas, Yamila Zavala Rodríguez y Carlos Sánchez Viamonte.
Consultores académicos: Baltasar Garzón, Theo van Boven, Antonio González Quintana, Patricia Funes
