La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ordenó al Estado bonaerense que, en un plazo de cinco días, arbitre las medidas necesarias para vacunar a las personas detenidas en unidades penitenciarias que integran los grupos de riesgos frente al coronavirus.
La medida cautelar, en el marco de una acción de amparo, había sido pedida por la Comisión Provincial por la Memoria, en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El fallo del Tribunal reconoce que las personas privadas de su libertad no accedieron en iguales condiciones al plan de vacunación y demanda que con carácter urgente se implemente un plan de inmunización.
La medida cautelar, solicitada por la CPM en el marco de una acción de amparo, reclamaba que las personas detenidas bajo la órbita del SPB o en dependencias del Ministerio de Seguridad reciban la vacuna contra el Covid 19, en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos bonaerenses.
La CPM reclamó que las personas detenidas reciban la vacuna contra el Covid 19 en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.
El planteo reconocía también que las personas privadas de su libertad no se encontraban en condiciones de inscribirse y asistir sin más al turno asignado en el plan de vacunación. Y que incluso, existieron casos de personas detenidas que pudieron gestionar la pre-inscripción y la asignación de turno pero no se consiguieron ni la autorización ni el traslado por parte del SPB a la posta de vacunación.
En línea con los argumentos de la CPM, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata coincidió en que las personas detenidas “pueden tener mayores obstáculos al momento de acceder al programa de vacunación provincial, tanto al momento de inscribirse al mismo, como de concurrir –al serle asignado su turno- a las postas de vacunación”.
El Tribunal también reconoció que, en el contexto de pandemia, “se incrementó la vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad en atención a las condiciones habitaciones en las que viven, máxime si forman parte del grupo de riesgo frente a la enfermedad”.
Durante el año 2020, 29 personas murieron de Covid-19 en las cárceles bonaerenses. El sistema de encierro se encuentra colapsado con índices alarmantes de sobrepoblación y hacinamiento. En los 65 establecimientos penitenciarios se alojan 45.467 personas en 21.500 plazas, lo que implica un 111 % de sobrepoblación.
