A cinco años de uno de los mayores desastres ambientales en la historia del país, ocurrido el 27 de septiembre de 2019, la justicia sigue sin ofrecer respuestas satisfactorias. El derrame de un millón de litros de agrotóxicos por parte de la empresa Sigma Agro S.A., a 5 km de Mercedes, provocó una catástrofe ambiental con graves consecuencias para la salud de la población y el ecosistema. Sin embargo, la lucha por obtener justicia y remediación sigue desatendida.
La planta fabril de Sigma Agro, ubicada en La Verde, partido de Mercedes, explotó liberando al ambiente peligrosos químicos como glifosato, paraquat y otros agrotóxicos, que contaminaron el arroyo Balta, el río Luján y las napas subterráneas. Este desastre generó una amenaza ambiental a largo plazo y se cobró la vida de Rubén Ponce, trabajador de la empresa, quien falleció a causa de las quemaduras sufridas durante el siniestro.
Justicia tardía y archivo de la causa
A pesar de las pruebas contundentes presentadas por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, que evidencian la responsabilidad de Sigma Agro, el municipio de Mercedes y organismos provinciales, la respuesta judicial ha sido insuficiente. Recién en 2023, cuatro años después del desastre, el Ministerio de Ambiente reconoció que la empresa no había cumplido con la caracterización del sitio contaminado, exponiendo a la población y el ambiente a riesgos continuos.
El fiscal Luis Emilio Carcagno imputó penalmente a Jerónimo Araujo Muller y Gustavo Marcelo Ruffa, directivos de Sigma Agro, por su responsabilidad en el hecho. Sin embargo, en una decisión inesperada y cuestionada, decidió archivar la causa, evitando una investigación más profunda de los delitos ambientales y dejando a los responsables sin sanciones ejemplares.
Impunidad en la Justicia Civil
A esta tardía y frustrada actuación penal se sumó la reciente sentencia de la jueza Cintia Soto, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N.º 10 de Mercedes, quien en marzo de 2024 rechazó la demanda ambiental presentada, declarando «abstracta» la causa. La magistrada desestimó el reclamo, alegando que los daños producidos eran «hipotéticos», a pesar de la abrumadora evidencia de la contaminación y sus efectos.
Esta sentencia deja en claro el ciclo de impunidad que ha beneficiado a Sigma Agro, mientras que los vecinos de La Verde y Mercedes sufren las consecuencias de la contaminación, la pérdida de cosechas, la muerte de árboles y problemas de salud vinculados a la exposición a los químicos liberados.
Crecimiento empresarial en medio de la catástrofe
Según denuncian desde la Asamblea Mercedina por la Agroecología y los Ambientalistas Autoconvocados, en medio de este escenario, Sigma Agro ha quintuplicado su facturación desde el desastre, pasando de 12 millones de dólares en 2017 a 70 millones en 2020, y continuando con un crecimiento exponencial. En 2022, la empresa declaró importaciones por 128 millones de dólares, mientras que solo ha pagado una multa irrisoria de 70 mil dólares, impuesta por las autoridades provinciales.
La Asamblea Mercedina por la Agroecología y los Ambientalistas Autoconvocados continúan su lucha contra la impunidad. A través de un recurso de nulidad presentado por el Dr. Fabián Maggi, se busca revertir la decisión del fiscal Carcagno y reabrir la investigación penal. La comunidad de Mercedes, los vecinos afectados y los grupos ambientalistas exigen justicia y la remediación del daño ambiental.
«Seguiremos luchando en todas las instancias hasta lograr justicia», afirmaron desde la Asamblea. A cinco años de este desastre, la memoria sigue viva, al igual que la demanda de que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
