En varios operativos de ordenamiento urbano y preservación del medio ambiente, la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Mercedes logró identificar a más de 15 personas en flagrante infracción mientras arrojaban residuos en un sector no autorizado de la ciudad.
Los infractores, cuyas identidades y vehículos ya fueron registrados, enfrentan la posibilidad de recibir severas sanciones económicas luego de que sus conductas quedaran filmadas por los dispositivos de videovigilancia locales. Las autoridades confirmaron que existen otros tantos casos bajo un proceso administrativo de identificación de patentes.
El foco del conflicto se concentra en la intersección de las calles 132 y 61. En dicho cuadrante, los residentes damnificados habían formalizado reiteradas denuncias ante la comuna debido a que, de manera sistemática, arribaban automóviles y camionetas provenientes de otros puntos del distrito con el único fin de descartar todo tipo de desechos en la vía pública, incluyendo basura domiciliaria, bolsas de grandes dimensiones, restos de poda, colchones y artefactos electrónicos en desuso.
Para dar respuesta a los reclamos vecinales, el área de Seguridad capitalizó la reciente ampliación del tendido de fibra óptica municipal para instalar cámaras de monitoreo de alta definición en puntos estratégicos de la zona afectada. El registro fílmico obtenido por el centro de operaciones resultó concluyente, corroborando las maniobras denunciadas por los fisonomistas del barrio y permitiendo el seguimiento inmediato de los dominios vehiculares para confeccionar las multas pertinentes.
«Se comprobó que muchos vecinos arrojaban basura en una zona prohibida y desde el área se labraron las actas respectivas», ratificó formalmente el secretario de Seguridad de la comuna, Matías Maresca.
El funcionario provincial detalló, asimismo, que la Subsecretaría de Servicios Públicos —coordinada por Luis Ponce— debió ejecutar múltiples operativos especiales de limpieza y erradicación de basurales a cielo abierto en dicha esquina. Sin embargo, ante la recurrencia de la problemática por la falta de civismo de los conductores, se optó por la alternativa de la vigilancia tecnológica permanente como método disuasorio y punitivo.
Las actas de infracción ya fueron remitidas formalmente ante el Juzgado de Faltas municipal. Será dicho tribunal el organismo encargado de analizar los antecedentes de cada propietario de vehículo individualizado, evaluar el nivel de daño ambiental generado sobre el espacio público y determinar las penalizaciones económicas y contravencionales definitivas que correspondan aplicar para frenar este tipo de conductas en la periferia de la ciudad.
